Deportaciones aceleradas: el plan del gobierno de Biden para encarar la crisis migratoria en Texas

Horas después de conocerse que debajo de un puente en el sur de Texas permanecen miles de inmigrantes indocumentados en espera de ser procesados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una estrategia que de seis puntos de incluye deportaciones aceleradas y el envío de cientos de agentes para tomar el control de la situación.

El DHS dijo que estaba implementando de inmediato “una nueva estrategia integral para abordar el aumento de encuentros de migrantes en el sector de Del Rio, sur de Texas”, dijo el ministerio en un comunicado este sábado.

En los últimos días se registró la llegada de unos 10,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos originarios de Haití, de acuerdo con medios de prensa.

La dependencia indicó que, en primer lugar, dentro de las próximas 24-48 horas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) “habrá enviado 400 agentes y oficiales al sector de Del Rio para mejorar el control del área”.

El plan indica además que “el puerto de entrada de Del Rio se ha cerrado temporalmente y el tráfico se está desviando de Del Rio a Eagle Pass para administrar los recursos de manera más efectiva y garantizar un flujo ininterrumpido de comercio y viajes”.

Además del envío de personal y el cierre del paso fronterizo, por el que han ingresado miles de indocumentados en las últimas horas, el DHS dijo que la Patrulla Fronteriza “está coordinando con y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Costera para el traslado de personas desde Del Rio a otros lugares de procesamiento”.

El viernes vieron llevados unos 2,000 indocumentados “a fin de garantizar que los migrantes sin autorización de estadía sean detenidos y procesados rápidamente, y deportándolos de acuerdo con nuestras leyes y políticas”, indica el comunicado.

En tercer lugar, el DHS dijo que “asegurará transporte adicional para acelerar el ritmo y aumentar la capacidad de los vuelos de deportados hacia Haití y otros destinos en el hemisferio dentro de las próximas 72 horas”.

A primera hora de este sábado The Associated Press había anticipado, citando una fuente del DHS, que el DHS deportaría a la mayoría de los inmigrantes haitianos que fueron hallados por las autoridades en el sur de Texas.

En cuarto, el DHS dijo que el gobierno estaba trabajando con los países de origen y tránsito de la región “para aceptar a personas que anteriormente residían en esos países” y deportarlos.

El ministerio también dijo que estaba “emprendiendo acciones humanitarias urgentes con otros socios federales, estatales y locales relevantes para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los migrantes en suelo estadounidense”.

Por último, la Casa Blanca dijo que había ordenado a las agencias estadounidenses apropiadas “que trabajen con los gobiernos de Haití y otros gobiernos regionales para brindar asistencia y apoyo a los repatriados”.

El gobierno advirtió además que la mayoría de los migrantes hallados en la frontera con México “continúan siendo deportados bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC)”. Y que aquellos que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos, “serán colocados en procedimientos de deportación acelerados”.

“El DHS está llevando a cabo vuelos regulares de expulsión y deportación a Haití, México, Ecuador y los países del Triángulo Norte”, aseguró.

El gobierno también reiteró que frontera sur no está abierta y que “la gente no debe hacer el peligroso viaje” para tratar de entrar indocumentados a Estados Unidos y luego pedir asilo.

“Los individuos y las familias están sujetos a restricciones fronterizas, incluida la deportación. La migración irregular representa una amenaza significativa para la salud y el bienestar de las comunidades fronterizas y para la vida de los propios migrantes, y no debe intentarse”, añadió.

Pero la respuesta que da el gobierno al problema que se vive en Texas no es respaldada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

“No siento que sea la mejor manera de poder responder a una crisis humanitaria como la que estamos viendo en Texas en estos momentos, que es una extensión de la crisis que lleva meses, años en la frontera sur”, dice Ben Monterroso, director de Poder Latimex. “Estados Unidos es la única esperanza que ellos tienen y al deportarlos los estamos regresando a un destino incierto y muchas veces hasta la muerte”.

La mayoría de los inmigrantes hallados por las autoridades federales de inmigración viene en busca de asilo y alega que si sin regresados a sus países de origen sus vidas corren peligro.

“Monterroso dice que la crisis migratoria debe ser tomada “humanitariamente. Son miles los que llegan, pero son seres humanos que deben tener una oportunidad para luchar por sus permanencias. Regresarlos a sus países es obligarlos a enfrentar la misma situación que los obligó escapar de sus países”.

Para algunos abogados y analistas consultados por Univision Noticias la crisis de la frontera puede afectar la confianza en el debate que ser desarrolla en el Congreso para legalizar a miles de indocumentados que se encuentran y llevan tiempo viviendo en Estados Unidos.

“Puede debilitar el clima de diálogo en ambas caras del Congreso y enfriar el debate hasta que la crisis no sea resuelta en su totalidad”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

El tema de la legalización mencionada por Gálvez se desarrolla en ambas cámaras del Congreso donde los demócratas tratan de incluir la legalización de unos 8 millones de indocumentados (dreamers, titulares de TPS, trabajadores del campo y trabajadores esenciales) en un proceso de conciliación dentro del plan de presupuesto del gobierno de $3.5 trillones de dólares.

La herramienta de reconciliación fue invocada por los demócratas debido al rechazo republicano en el Senado y conseguir que se apruebe con una mayoría simple de 51 votos y no 60, como ocurre con el resto de las iniciativas de ley. Tanto demócratas como republicanos tienen 50 asientos cada uno en la Cámara Alta y el empate lo rompe el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

Los republicanos argumentan que el plan demócrata haría que los indocumentados que legalicen sus permanencias sean elegibles para beneficios sociales disponibles tal como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, Medicaid, Medicare, Seguro Social y otros beneficios de salud.

Los opositores a la inclusión de la legalización en el paquete de reconciliación estiman que el país deberá agregar $139,000 millones al déficit presupuestario si el plan avanza. El argumento, sumado a la crisis que se vive en la frontera, hacen tambalear las conversaciones que se llevan a cabo.

Otro factor de riesgo para la continuación del plan se encuentra en el gigantesco atasco registrado en la Corte de Inmigración (EOIR) y la poca disponibilidad de beneficios migratorios disponibles en caso se apruebe el programa de legalización.

“La EOIR tiene más de 1.4 millones de casos acumulados”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

Hernández también advirtió que la legalización de 8 millones de indocumentados se hará bajo la misma ley de inmigración aprobada en 1965 y modificada en 1996. “Se trata de una legislación vieja que no toma en cuenta los problemas actuales. Y otorga beneficios limitados, en algunos casos severos, que aumentaría los retrasos en el sistema”, concluyó.