Además de usurpar esta Sala de lo Constitucional desde el golpe del 1 de mayo, los abogados impuestos por el oficialismo fueron agregados a la lista de corruptos y antidemocráticos por emitir el 3 de septiembre una resolución contraria a la Constitución.

Además de usurpar esta Sala de lo Constitucional desde el golpe del 1 de mayo, los abogados impuestos por el oficialismo fueron agregados a la lista de corruptos y antidemocráticos por emitir el 3 de septiembre una resolución contraria a la Constitución.

Este lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, agregó a los abogados que ocupan ilegalmente la Sala de lo Constitucional a la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.

“En apoyo a las aspiraciones democráticas de la gente de El Salvador y Guatemala, estamos nombrando a cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador (…) a la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Esta designación implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana por al menos tres años y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las sanciones.

“Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”, detalla la designación del Departamento de Estado.

“Los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”, agrega la institución rectora de la diplomacia estadounidense.

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Además, añade que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

Además de usurpar esta Sala de lo Constitucional desde el golpe del 1 de mayo, los abogados impuestos por el oficialismo emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Jean Manes reacciona

La encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador, Jean Manes, se pronunció ante esta designación. “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”, manifestó la diplomática.

Asimismo, reiteró la condena que hizo un día después de la resolución que avaló la reelección de Nayib Bukele. “Tal como lo expresé el pasado 4 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos evaluó las acciones que debilitan la democracia tomadas por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”, dijo Manes.

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A su vez, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que “estas restricciones de visa son un paso más que estamos dando para promover la democracia y los esfuerzos de combate a la corrupción de El Salvador y Guatemala”.

Esto último, pues también designaron a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, y al secretario general de la Fiscalía de ese país, Ángel Pineda.

Por su parte, la congresista demócrata Norma Torres dijo que “la lista que el Departamento de Estado público hoy confirma acciones antidemocráticas significativas en la región por parte de funcionarios que interfieren con investigaciones independientes y trabajan contra aquellos que defienden el estado de derecho”. Además, “es un paso importante para hacer rendir cuentas a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”, consideró Torres.

Bukele acusa a EE.UU. de “injerencia”

El presidente Bukele acusó este lunes a Estados Unidos de cometer “injerencia” en la política de El Salvador después de que se incluyeran a cinco magistrados de la Sala impuesta en una lista de supuestos actores corruptos y antidemocráticos. Tal como hizo anteriormente, cuando varios de sus funcionarios aparecieron señalados, volvió a restarle importancia a la Lista Engel y dijo que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”.

Sin embargo, Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de Cristosal, le respondió a Bukele que “corrupción es: aceptar un cargo para el cual no se está calificado, especialmente si se vulnera una resolución de la legítima Sala de lo Constitucional”.

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Los abogados Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm García, José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas Lovos y Óscar Alberto López Jerez son los personajes que a partir de este 20 de septiembre se unen a la deshonrosa Lista Engel.

Ellos ocupan este cargo desde que el 1 de mayo, los diputados oficialistas removieran ilegalmente a los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional. Esto, en represalia porque limitaron abusos de poder de Nayib Bukele durante la pandemia de covid-19.

Ese día también se removió por la fuerza al fiscal general Raúl Melara y se colocó en su lugar a Rodolfo Delgado, quien ha mostrado estar alineado al oficialismo. Sin embargo, Estados Unidos no lo designó en la Lista Engel.

Los cinco abogados que ocupan la Sala de lo Constitucional se unen a personajes cercanos al círculo de Nayib Bukele, exfuncionarios de ARENA y el FMLN y dos empresarios que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos por actos corruptos o antidemocráticos.

Entre las personas cercanas al presidente actual están su ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Además de esta designación, Estados Unidos recortó fondos de cooperación a la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas estas instituciones han sido capturadas y desnaturalizadas por el oficialismo.

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