Presión de EU aísla a Guatemala y El Salvador

La decisión de Estados Unidos de designar a siete jerarcas judiciales de alto rango de Guatemala y El Salvador como “antidemocráticos y corruptos” obligaría a los gobiernos y a los aparatos de justicia de ambos países a aceptar revertir y corregir las medidas por las que Washington los sancionó o a iniciar una disputa con la Casa Blanca, sufrir represalias económicas y caer un aislamiento regional.

El distanciamiento de Washington con El Salvador y Guatemala repercutiría en la urgente tarea de frenar el paso de migrantes irregulares salvadoreños y guatemaltecos a suelo mexicano y estadounidense y en la lucha contra el narcotráfico por ser sitios claves en las rutas de contrabando de drogas por aire, tierra y mar a México y EU desde América del Sur.

“Es una buena acción de EU, enérgica y clara, para presionar a los corruptos que tampoco se puede tomar a la ligera. Hacerlo significaría que Guatemala se aislaría cada vez más y EU le daría la espalda”, adujo el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
 

“A la sociedad civil guatemalteca nos corresponde exigir la renuncia” de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por “apoyar a personas involucradas en corrupción y en perseguir y criminalizar a operadores de justicia de las investigaciones anticorrupción”, dijo Rodenas a EL UNIVERSAL.

En medio de una nueva crisis regional de movilidad humana, el presidente Joe Biden cumplió la amenaza de ligar el combate a la corrupción con la batalla por reducir el masivo fenómeno migratorio irregular de Centroamérica a México y EU e incluyó el pasado lunes a los siete en una lista de “actores antidemocráticos y corruptos”.

Dictadas por el Departamento de Estado de EU, las sanciones recayeron sobre Porras y el secretario general del Ministerio Público de Guatemala (MP), Ángel Pineda, y los magistrados Elsy Dueñas, Óscar López, Nahún Martínez, José Pérez y Luis Suárez, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Guatemala, Alejandro Giammattei, fustigaron la actitud de Biden. El MP calificó de falsas e infundadas las acusaciones de EU a Porras y Pineda.
 

“Es una falta de respeto”, alegó Giammattei, aliado a Porras en una maniobra en la que, según EU, la fiscal interfirió investigaciones de corrupción para “proteger a sus aliados políticos y obtener un favor político personal” y “socavar activamente” las pesquisas al cesar “indebidamente” el 23 de julio pasado al guatemalteco Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

“Es increíble que la fiscal general de Guatemala, encargada de la investigación criminal, esté en la lista de EU de corruptos. Esto es muy grave”, lamentó la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del (no estatal) Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala.

“Increíbles las respuestas de Giammattei y Porras, que acusaron a EU de violar los derechos humanos de la fiscal y de carecer de pruebas. Si el gobierno no entiende con esta sanción, habrá sanciones más fuertes”, narró De León a este periódico, al mencionar que Washington ya retiró la ayuda al MP.

“La fiscal se convirtió en perrito faldero de Giammattei”, señaló.

“Bajera”

Al condenar la decisión de EU, Bukele acusó que “es pura política e injerencia de la más bajera”.

Acusado de autoritarismo, el gobernante se apoderó el 1 de mayo de este año del control de la Asamblea Legislativa, sustituyó a la Sala de lo Constitucional por magistrados dóciles a su mando y relevó al fiscal general, Raúl Melara, por Rodolfo Delgado, afín a sus intereses.

EU argumentó que castigó a los magistrados “por socavar la democracia y obstruir las investigaciones” de corrupción y recordó que, el 3 de este mes, aprobaron que Bukele, en el cargo desde junio de 2019, se reelija para un segundo quinquenio consecutivo en 2024.
 

La “controvertida interpretación” se registró pese a que la Constitución de El Salvador “prohíbe expresamente los mandatos consecutivos en la Presidencia”, alegó.

Al alertar que la democracia salvadoreña está “en declive”, con acoso oficialista a la libertad de prensa, concentración de poderes (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) en el Jefe de Estado y ataques a opositores, la encargada de Negocios de EU en El Salvador, Jean Manes, advirtió el martes pasado que hay indicios de corrupción en el anillo íntimo de Bukele.

“EU puede llegar con sus investigaciones hasta los hermanos (de Bukele), a su círculo cercano y apretar”, anticipó a este diario el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de defensa de derechos humanos.

“El gobierno salvadoreño debe reflexionar y no creo que lo haga porque no creo que tenga cabeza política para hacerlo. Habría que esperar más presión (de EU). Manes ya previó: la crisis de las finanzas públicas de El Salvador puede agravarse”, indicó.

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