Se expone a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de hasta $250 mil y a tres años de libertad supervisada

La propietaria de la Farmacia Gabriela que ubica en Juana Díaz se declaró culpable tras haber administrado la vacuna contra el covid-19 a una veintena de menores de entre siete a 11 años, informó el fiscal federal Stephen Muldrow.

Liz Ann Banchs fue acusada el 24 de septiembre pasado por conspiración para convertir propiedad del gobierno y cometer fraude por la vacunación ilegal de menores con la vacuna Pfizer.

Banchs se declaró culpable ese mismo día, según se supo hoy.

Se alega que durante el periodo del 28 de mayo hasta el 22 de junio de 2021, Banchs y los empleados de la sucursal juanadina de Farmacia Gabriela, Inc. conspiraron para administrar, consciente y deliberadamente, la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a niños de 11 años o menos y presentar los reclamos correspondientes de Medicaid al MC-21.

Se indicó que a un total de 24 niños de entre 7 y 11 años se les administró la vacuna, en dosis completa, sin autoridad legal para hacerlo como parte de la conspiración.

El programa de vacunación contra el covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) exigía que las farmacias elegibles, como Farmacia Gabriela, Inc., cumplieran con todos los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés), incluida la autorización de uso de emergencia, que permitió la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech covid a personas mayores de 12 años.

“Es importante destacar que la EUA (Autorización de Uso de Emergencia otorgado por la FDA) no ha aprobado la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 a niños menores de 11 años. Como resultado, la administración de la vacuna a niños de 7 a 11 años representa una administración no autorizada e ilegal de la vacuna. Los lotes de vacunas Pfizer-BioNTech covid-19 en cuestión eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos y se convirtieron ilegalmente sin la autorización de los Estados Unidos”, señala el comunicado de prensa.

La Farmacia Gabriela, Inc. no estaba autorizada a presentar reclamos ante MC-21 -el gerente de beneficios de farmacia de Medicaid en Puerto Rico- por la administración ilegal y no autorizada de la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 a niños de 7 a 11 años.

La actividad ilícita de Banchs fue identificada por el Departamento de Salud de Puerto Rico y posteriormente se suspendió el programa de vacunación covid-19 en Farmacia Gabriela, Inc.

Hasta la fecha, no se han identificado afecciones médicas graves como resultado del programa de vacunación ilegal y todos los fondos recibidos para las correspondientes facturas de Medicaid se han devuelto voluntariamente a los Estados Unidos.

Junto con la declaración de culpabilidad, Banchs ha aceptado voluntariamente ser excluida como proveedora de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.

La ahora convicta se expone a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de hasta $250 mil y a tres años de libertad supervisada.

“Los farmacéuticos se encuentran entre los profesionales más confiables”, dijo el fiscal Muldrow. 

“Esta persona usó su acceso especial para vacunar ilegalmente a niños menores de 12 años poniendo en riesgo su salud. El Departamento de Justicia seguirá trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que el público reciba vacunas seguras y eficaces", agregó.

Mientras, el agente especial a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Oficina del Inspector General (HHS-OIG, en inglés), asignado a la región de Nueva York, Scott Lampert, indicó: "La seguridad de nuestros ciudadanos es lo primero, especialmente cuando estamos lidiando con mantener a los niños a salvo”.

Lampert expuso que existen pautas claras establecidas por las agencias de salud pública con respecto a quién es elegible para recibir la vacuna covid-19 en este momento.

“No nos desviaremos de nuestra misión de proteger al público y los programas federales de atención médica que los atienden”, acotó.


Continuar en El Vocero de Puerto Rico