Austin— El gobernador Greg Abbott determinó el lunes que las empresas de Texas no pueden ordenar a sus trabajadores o clientes ponerse la vacuna contra...

Austin— El gobernador Greg Abbott determinó el lunes que las empresas de Texas no pueden ordenar a sus trabajadores o clientes ponerse la vacuna contra covid-19.

En una orden ejecutiva, Abbott estableció que las personas que se oponen a las vacunas contra el coronavirus por razones religiosas, por motivos de conciencia o “por razones médicas, incluida la recuperación previa al covid-19″, no deben ser obligadas a tomarlas.

Esta orden es una afrenta directa a mandatos del gobierno de la administración de Joe Biden.

“Ninguna entidad en Texas debería hacer eso”, dijo en la orden que amenaza con multas de $1,000 por violar el plan estatal de manejo de emergencias para la pandemia.

Sin embargo, analistas dijeron que los mandatos federales sobre vacunas están por encima de las reglas del gobernador republicano.

Abbott colocó este tema de la prohibición a los requisitos de vacunas en la agenda de la actual sesión legislativa especial.

A principios del mes pasado, Abbott había puesto en la agenda la cuestión de si entidades gubernamentales estatales y locales podrían exigir vacunas “y, de ser así, qué exenciones deberían aplicarse a dicho mandato”.

“En otro caso más de extralimitación federal, la Administración Biden ahora está intimidando a muchas entidades privadas para que impongan mandatos de vacuna contra covid-19, causando interrupciones en la fuerza laboral que amenazan la recuperación continua de Texas del desastre causado por covid-19″, dijo Abbott en su orden.

“La vacuna contra covid-19 es segura, eficaz y nuestra mejor defensa contra el virus, pero debe seguir siendo voluntaria y nunca forzada”, dijo en una declaración escrita.

La administración Biden anunció en septiembre que los contratistas federales y las empresas con más de 100 trabajadores deben exigir a sus empleados estar vacunados.

Los contratistas que no cumplan podrían perder lucrativos contratos gubernamentales.

Los grandes empleadores podrían enfrentar multas de $14,500 por instancia a través de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

Sanford Levinson, profesor de derecho de la Universidad de Texas, calificó la orden de Abbott como exagerada.

“Yo no lo tomaría en serio como una medida legal”, dijo, “a menos que, sorprendentemente, este argumento de que Biden simplemente no tiene el poder, que el departamento de trabajo simplemente no tiene el poder, prevalezca, y yo no creo que ese es el caso“.

Fuente: dallasnews.com