TSJ ordenó a ocho alcaldes opositores impedir barricadas o irán a prisión

Posted Mayo 25, 2017 10:02 am by

TSJ ordenó a ocho alcaldes opositores impedir barricadas o irán a prisión
TSJ ordenó a ocho alcaldes opositores impedir barricadas o irán a prisión
Rate this post
    24 de mayo de 2017 05:55 PM
| 
Actualizado el 24 de mayo de 2017 18:40 PM
<meta itemprop="datePublished" content="2017-05-144T05:55:00-0400"/>La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió demandas contra ocho alcaldes opositores sobre intereses colectivos y acordó amparos constitucionales cautelares para que los burgomaestres velen por la seguridad de sus municipios y el ambiente, los habitantes de estas áreas y cumplan con su labor.
Este 24 de mayo se publicaron en la web del TSJ las decisiones que específicamente van dirigidas a cinco alcaldes mirandinos y tres merideños.
En Miranda las acciones involucran a Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta; José Luis Rodríguez Fernández, alcalde del municipio Carrizal; José Fernández López, del municipio Los Salias; Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo.
En Mérida los mandatarios son Juan Peña, alcalde del municipio Alberto Adriani; Carlos García, alcalde del municipio Libertador y Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías.
El TSJ ordenó siete medidas:
<strong>1)</strong> Realizar todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.
<strong>2)</strong> Proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.
<strong>3)</strong> Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.
<strong>4)</strong> Ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
<strong>5)</strong> Ejercer la protección a la primera y segunda infancia, y a la adolescencia para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
<strong>6)</strong> Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario.
<strong>7)</strong> Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.
Si los alcaldes no hacen lo que les indican las demandas incurrirían en desobediencia a la autoridad y se expondrían a ser castigados con prisión de seis a quince meses, sanción prevista en el articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Las decisiones se reflejaron en las sentencias 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 y 372. Algunas de las medidas se tomaron en ponencias conjuntas, otras bajo la ponencia de Juan José Mendoza, presidente de la Sala, y solo cuatro están disponibles en la página web. Las demandas tienen el mismo procedimiento "demanda de protección de intereses colectivos y difusos", algunas con medida cautelar.
En esencia las demandas tienen el mismo contenido, pero cambian quienes introdujeron las solicitudes ante el TSJ y quienes son los afectados. Los documentos indican que los alcaldes son corresponsables de la violencia, complacientes con los "grupos terroristas", cómplices de la anarquía bajo el llamado a protestas pacíficas. Aseveran que los burgomaestres no cumplen con sus deberes ni ordenan de forma precisa a las policías municipales para evitar la violencia.
Mendoza ofreció la tarde de este miércoles una rueda de prensa para confirmar las medidas. En la misma leyó las decisiones acordadas y los mandatarios a los que se referían.
<hr/><strong>DATO</strong>
En 2014 el TSJ aceptó demandas similares y ordenó amparos constitucionales contra Daniel Ceballos, alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, y Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo. Menos de tres meses después la Sala Constitucional destituyó y ordenó apresar a ambos mandatarios por haber desacatado lo establecido en el amparo.
<hr/><p/>
<!-- END: Note Text-->