Columna: Mala medicina y pésimas autoridades

Desde hace ya muchos años, autoridades de Baja California y de Mexicali han impulsado al sector del llamado turismo médico a fin de atraer turistas Estados Unidos y Canadá, así como de otras partes del mundo para practicarse diversos procedimientos con los miles de doctores, clínicas y hospitales instalados en el estado.

Desde las agencias de turismo hasta las asociaciones médicas han creado los llamados clusters que de manera conjunta promueven la llegada de turistas hasta los quirófanos y los consultorios médicos.

Esta industria ha generado muchos millones de dólares tanto para los especialistas como para otros sectores de la actividad económica, incluidos restaurantes, hoteles y muchos otros más.

Cada invierno, por ejemplo, el poblado de Los Algodones se llena de los de llamados pájaros de la nieve, quienes son recibidos incluso con mariachi y bebidas espirituosas con la finalidad de que se lleven una buena impresión luego de recibir servicios centrales y médicos que se ofrecen en esta pequeña zona desincorporada de Mexicali.

Sin embargo, los acontecimientos registrados en fechas recientes (sin olvidar algunos más ocurridos en años anteriores) dejan mal parado no solamente al sector médico sino incluso a las mismas autoridades.

Hace ya varias semanas se registraron las muertes de dos mujeres que se practicaron cirugías en clínicas y hospitales de la capital de Baja California.

En uno de los casos, una joven estudiante de medicina perdió la vida luego de que el médico presuntamente perforara una arteria de la paciente al momento en que le era extraído un quiste.

En el caso más reciente a inicios de este mes de la independencia mexicana otra paciente, quien era una veterana de 10 años del centro de emergencias del estado, falleció al parecer por haber consumido alimentos antes de la cirugía lo que llevó a complicaciones durante el procedimiento.

En este último caso, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un operativo en la clínica ubicada en la zona centro de Mexicali para iniciar las indagatorias en el caso.

A pesar de que en el primero de los hechos familiares y amigos han presionado a la Fiscalía en demanda de justicia por el aparente caso de negligencia, al final el juez del caso decidió no vincular a proceso al médico acusado debido a que los fiscales no lograron demostrar con evidencia suficiente las acusaciones.

De acuerdo a una investigación del semanario Zeta, desde 2019 se han presentado un total de 143 quejas de las cuales solamente dos han terminado en los tribunales.

El problema, según explica el reportaje, tiene que ver con las leyes penales de Baja California que contemplan muy ligeramente los casos en los que los médicos pueden ser denunciados y hallados culpables por negligencia.

Un especialista entrevistado por el semanario indicó lo anterior, al tiempo de señalar que otros estados cuentan con leyes que de verdad protegen a los pacientes.

Mientras tanto, el organismo encargado de defender a los pacientes de las malas prácticas, conocido como Comisión de Arbitraje, sencillamente se ha convertido en una agencia ineficiente a la hora de investigar los casos de negligencia dado a que sus integrantes son todos miembros de la comunidad médica local. Debido a ello, unos protegen a otros olvidándose en su totalidad de quienes por malas prácticas terminan viendo afectada su salud e impactando a sus familias.

Según autoridades de salud del estado, una quinta parte de los miles de consultorios, clínicas y hospitales del Estado han sido sancionados por incumplir con los requisitos para uso operación, pero que no se han enfocado en el tema de la negligencia.

De esta forma, los pacientes que gastan sus dólares en los servicios médicos de Mexicali y de Baja California se encuentran sencillamente en la indefensión en caso de malas prácticas cometidas por los médicos prestadores de estos servicios.

Aquí habría que destacar el hecho de que varios gobiernos del Valle Imperial, incluido el condado, ofrecen a sus trabajadores seguros de salud que cuentan con servicios del otro lado de la frontera, por lo que habría que cuestionar si estas entidades públicas serían responsables directa o indirectamente de los casos de negligencia que afectan a los asegurados quienes son al mismo tiempo empleados de dichos gobiernos.

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