Pederastia en la iglesia: los abusos sexuales a menores alrededor del mundo

Francia descubrió este martes las conclusiones de una comisión de investigación lanzada en 2018 sobre los abusos sexuales a menores en su Iglesia desde 1950. Antes, otros países alrededor del mundo ya habían realizado esfuerzos similares para destapar estos abusos perpetrados por sacerdotes y religiosos en el seno de la Iglesia.

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Después de varios escándalos, una comisión creada por el Gobierno investigó entre 2013 y 2017 en el seno de la Iglesia y otras instituciones en contacto con menores, como clubes deportivos, escuelas privadas u orfanatos. Sus conclusiones establecieron que la mayoría de agresiones (58 por ciento) se produjeron en instituciones religiosas.

Entre 1950 y 2010, un 7 por ciento de curas fueron acusados de haber cometido actos pedófilos. Y entre 1980 y 2015 se denunciaron a las autoridades eclesiásticas por 4.444 casos de abusos.

Los testigos de las víctimas fueron retransmitidos en directo por televisión y conmocionaron al país. La comisión interrogó también al cardenal George Pell, que había sido muy próximo al papa Francisco. En 2019 fue condenado y encarcelado por violación y agresión sexual a dos adolescentes en los años 1990, aunque fue absuelto en 2020 en beneficio de la duda.

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El pasado 4 de junio, uno de los cardenales más influyentes de Alemania, el arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, presentó su dimisión al pontífice al reconocer el "fracaso" de la Iglesia católica en la "catástrofe de abusos sexuales" del país, especialmente en la importante diócesis de Colonia.

Francisco rechazó su renuncia que, sin embargo, evidenció la magnitud de este problema en la Iglesia alemana. Un contundente informe publicado en marzo desveló que cientos de menores habían sufrido violencias sexuales en la diócesis de Colonia entre 1975 y 2018, y que numerosos responsables religiosos habían callado.

En 2018, un consorcio de investigadores universitarios financiado por la Iglesia, pero sin acceso a sus archivos, indicó que 3.677 menores de 13 años habían sido víctimas de abusos en Alemania entre 1946 y 2014 por parte de 1.670 religiosos que, en su mayoría, no fueron condenados.

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La Iglesia alemana pidió disculpas en 2018 y multiplicó en la última década las iniciativas para luchar contra estas conductas, como designar un responsable de "prevención", crear una línea telefónica para víctimas y asumir los costes de terapia.

Pero no hubo avances en una petición clave de las víctimas: colaborar completamente con la justicia para que los culpables sean juzgados, y las víctimas, compensadas. Ahora, la Iglesia las indemniza caso a caso, sin ninguna transparencia.

En 2002, el diario Boston Globe desveló abusos sexuales a gran escala en la diócesis de Boston y los esfuerzos de sus responsables para esconderlos. El escándalo, recogido en la película Spotlight, tuvo enorme impacto.

En la vorágine, la Conferencia Nacional de Obispos estadounidense adoptó la Carta de Dallas, que instaura una serie de mecanismos de protección. En 2004, una comisión decretó nuevas medidas como notificar los casos a la policía o suspender a los curas incriminados, y en 2019, la conferencia de obispos volvió a reforzar el procedimiento.

Según abogados especializados, más de 11.000 denuncias fueron presentadas en este país contra obispos pedófilos. Las diócesis desembolsaron cientos de millones de dólares en acuerdos de indemnización.

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Asociaciones de víctimas consideran que, con estos pactos, la Iglesia sigue evadiendo la justicia. Varios estados federales lanzaron procedimientos para poner luz a décadas de agresiones.

En agosto de 2018, una reveló que al menos mil niños fueron abusados por más de 300 obispos en el estado de Pensilvania (noreste), lo que forzó la dimisión del antiguo arzobispo Donald Wuerl, que habría intentado encubrir estos casos.

El influyente cardenal Theodore McCarrick, exarzobispo de Washington D. C., fue expulsado de la Iglesia tras ser acusado de agredir sexualmente a un adolescente en los años 1970. Numerosas diócesis abrieron sus archivos, destapando que cientos de clérigos fueron sospechosos de abusar de menores en las últimas décadas.

En 2009, tras nueve años de investigaciones en instituciones vinculadas a la Iglesia, una comisión dirigida por el juez Sean Ryan denunció una violencia sexual, física y psicológica generalizada contra menores desde los años 1930.

Otra comisión, a cargo de la jueza Yvonne Murphy, investigó durante tres años la diócesis de Dublín y reveló también en 2019 que las autoridades eclesiásticas encubrieron violencia sexual contra menores durante más de tres décadas.

Numerosos obispos irlandeses dimitieron y antiguos curas fueron encarcelados. El Gobierno estableció un dispositivo público de compensación financiera para las víctimas, al que acudieron más de 14.500 personas. 

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Según cifras oficiales, hasta 2019 más de 200 miembros de la Iglesia chilena fueron investigados por más de 150 casos de abusos sexuales, mientras que se identificaron más de 240 víctimas, de las cuales 123 eran menores.

El caso más sonado fue el del influyente cura Fernando Karadima, al que el Vaticano condenó en 2011 por abuso sexual a menores cuando dirigía, entre 1980 y 2006, la parroquia de El Bosque, en un barrio acomodado de Santiago.

Aunque este formador de obispos fue expulsado del sacerdocio, no fue juzgado por las cortes civiles al considerarse las denuncias prescritas.

Una posterior ley declaró "imprescriptible" el abuso sexual a menores.

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La Iglesia católica enfrentó varios escándalos de pederastia en México durante los últimos años, aunque el más grande es el de los Legionarios de Cristo.

Según un informe actualizado hasta marzo pasado, los Legionarios reconocen que 170 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 27 sacerdotes entre 1941 y 2019. En su gran mayoría se trataba de hombres adolescentes de entre 11 y 16 años.

De esos 27 sacerdotes, tres fallecieron sin ser juzgados y dos fueron condenados en el fuero penal. El resto no fue procesado por diversos motivos: entre otros, los plazos de prescripción.

En el ámbito eclesiástico, de los 27 sacerdotes, dos fallecieron sin ser juzgados, 16 fueron sancionados, ocho están en un procedimiento canónico y uno recibió la dispensa del ministerio sin juicio.

En Nicaragua, al menos 13 casos de abuso sexual fueron denunciados años atrás, pero ninguno llegó a juicio en el país, según grupos feministas.

El caso más sonado fue el de Marco Dessi, un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de cinco niños en el departamento nicaragüense de Chinandega, donde vivió 30 años. Durante el juicio, surgieron 100 nuevas denuncias. Murió en su país natal en 2016.

En El Salvador, en diciembre de 2016, la Iglesia católica destituyó a tres sacerdotes salvadoreños –Juan Francisco Gálvez, Antonio Molina y Jesús Delgado– tras ser declarados culpables de abuso sexual de menores.

En Guatemala se registraron tres casos, entre ellos el del párroco Ignacio López, que fue condenado en septiembre de 2018 a 16 años de prisión por el abuso de una adolescente en la ciudad de Puerto Barrios, unos 295 km al noreste de la capital.

Según la Fiscalía, el sacerdote "abusó en reiteradas ocasiones de la menor", "se valió de su posición religiosa" y la "mantuvo amenazada de muerte" para que no les dijera nada a sus padres. Los otros dos sacerdotes señalados siguen trabajando para la Iglesia en seminarios.

Por otro lado, el caso más sonado de los últimos tiempos en Costa Rica es el del exsacerdote Mauricio Víquez, quien fue arrestado en México en 2019, luego de estar en fuga por hechos contra cuatro menores de edad.

Este exvocero de la Iglesia costarricense, famoso por su defensa del matrimonio tradicional, deberá enfrentar próximamente un juicio por abusos sexuales, violaciones, tentativa de violación y difusión de pornografía infantil, entre otros delitos. 

En Perú, la justicia civil condenó a prisión a al menos tres sacerdotes por abusos sexuales en los últimos años. Las denuncias de abusos y condenas coincidieron con la elección del papa Francisco, en marzo de 2013.

El caso más conocido es en cambio el del laico Luis Fernando Figari, fundador de Sodalitium Christianae Vitae (SDC, Sodalicio de Vida Cristiana), una sociedad apostólica conservadora fundada en 1971 y luego encumbrada oficialmente por el papa Juan Pablo II. Con base en testimonios de sus exmiembros, la Fiscalía acusa desde 2015 al SDC de cometer abusos psicológicos, físicos y sexuales.

Figari salió de Perú ese año y vive en Roma, confinado por el Vaticano en una casa de retiro por razones "espirituales". Además de Figari, cuatro integrantes de la jerarquía de esa organización fueron denunciados por abusos cometidos a adolescentes reclutados como "soldados de Cristo" en la década de 1970 y 1980, en Lima.

Los tribunales de Ecuador condenaron en 2020 a nueve años de prisión a un sacerdote de Quito por abusar de dos hermanas.

Dos años antes, a otro cura de Guayaquil (suroeste) se le impuso 20 años de prisión por delitos sexuales contra jóvenes entre 2011 y 2013. La justicia ecuatoriana tiene abiertos procesos al menos contra otros dos religiosos.

En abril de 2020, la Iglesia católica de Colombia apartó a por lo menos 19 sacerdotes que pertenecían a la Arquidiócesis de Villavicencio (centro) tras denuncias por abuso sexual, en un caso que está abierto.

En 2019, el entonces arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, reconoció que conocían más de 100 casos, sin precisar las fechas de la comisión de los delitos.

Según una investigación de Blu Radio de ese mismo año, la Fiscalía investigaba a 57 sacerdotes.

En enero de 2020, un adolescente de 17 años confesó haber asesinado a un sacerdote que había abusado de él en el estado venezolano de Táchira (oeste).

Las autoridades informaron que había denuncias contra el cura por abusos sexuales en 2014 y 2015.

Un cura de origen español fue detenido en 2018 por abusos contra una niña de 12 años en el estado Zulia (oeste).

El último caso de fuerte impacto en la sociedad argentina es el de más de una veintena de abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo, destinado a la asistencia de niños con enfermedades auditivas.

Los autores de estos hechos, entre ellos dos sacerdotes, fueron condenados en 2019 a hasta 42 años de prisión. La causa sigue abierta con el proceso de enjuiciamiento de varias mujeres, entre ellas dos monjas. 

REDACCIÓN INTERNACIONAL*
​Con información de AFP

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